Priorizar el rescate del sistema financiero, la reforma del mercado laboral y el apoyo institucional a la actividad económica son medidas urgentes que sólo darán los resultados necesarios si tienen lugar en un ambiente de compromiso político dentro del sistema democrático.
La Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Economía (EAE) se reunía el pasado 19 de abril para analizar la situación económica española y andaluza, y profundizar en algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el país en estos momentos destacando las medidas más urgentes que se deberían poner en marcha como estrategia de rescate y relanzamiento económico.
Para los miembros de la EAE, el análisis de la situación actual queda lejos de ser positivo. La economía española lleva casi 2 años presentando tasas negativas de crecimiento, lo que pone al sistema en una situación complicada, más aún teniendo en cuenta que las perspectivas a medio plazo no son claras. De hecho, con las perspectivas de crecimiento existentes, España no recuperará el ritmo de producción que tenía en 2008 hasta 2014. En términos de empleo, los datos no son mejores, puesto que el nivel de empleo registrado en 2008 no se recuperará hasta 2017.
La decisiva incidencia de la crisis a nivel político
Tras identificar los principales problemas y las medidas a desarrollar, los miembros de la Comisión Técnica coincidieron en apuntar que la barrera más importante a la que nos enfrentamos para superar la actual crisis económica es la crisis que existe a nivel político y la decadencia consecuente que está sufriendo nuestro sistema democrático. En la mayoría de las cuestiones planteadas, se sabe qué es lo que hay que hacer, pero no hay coraje político para ponerlo en práctica.
Se pueden poner en marcha diferentes soluciones técnicas en orden de prioridad, pero ninguna de ellas obtendrá los mejores resultados mientras continúe existiendo una crisis política de mayor nivel que la económica y un mal funcionamiento del sistema democrático en la que la clase dirigente se mueve en la inacción y el desconcierto.
Por tanto, es prioritario poner en marcha un conjunto de medidas para la reforma institucional y el cambio de las reglas de comportamiento de los agentes económicos y políticos que logre que políticos e instituciones apoyen un camino común para el crecimiento económico y la prosperidad.







