Archivos de Abril de 2011

Las empresas y la competitividad. Francisco Villalba

Artículo realizado por Francisco Villalba, Miembro de la Comisión Permanente de la Escuela Andaluza de Economía.

1. EL NUEVO CONTEXTO ECONÓMICO

No cabe duda que el eje central del desenvolvimiento económico en los últimos años, como lo va a ser en los venideros va a girar en torno al concepto de competitividad. Esta importancia es el resultado de la tendencia general al incremento de la competencia, fruto de los crecientes niveles de integración y liberalización de los mercados internacionales, de la aparición de nuevas formas de competencia y cooperación entre agentes, y los avances en la modificación de la oferta a través del cambio tecnológico.

En la medida en que la competitividad se defina como la capacidad que muestra un país o región o empresa para incrementar de manera sostenida su participación en la oferta mundial, y hacerlo compatible con el progreso de sus niveles de renta, debe rechazarse toda interpretación centrada exclusivamente en el seguimiento comparado de los precios y costes, resultando necesario un enfoque más amplio y estructural. Enfoque, que, sin excluir las anteriores variables, debe incorporar el resto de mecanismos a través de los cuales se ejerce la competencia en los mercados (calidad del producto, nivel de adecuación a la demanda, servicios posteriores a la venta, etc. y todas aquellas prácticas que suponen diferenciación técnica y comercial del bien). Por último, la competitividad no puede ser ajena a factores de tipo organizativo e institucional ligados a la configuración del aparato productivo, la infraestructura física y tecnológica o la interrelación entre los agentes económicos.

Un intento de sintetizar las principales características de este proceso, nos llevaría a destacar las ideas básicas representativas del mismo:

En primer lugar, hay que señalar que los cambios tecnológicos, la liberación y desregulación de los mercados y la aparición de nuevos espacios económicos han expandido los mercados hacia formas de competencia cada vez más globales. En segundo lugar, debe tenerse en consideración que la planificación estratégica del Estado y el aprendizaje tecnológico a partir de las relaciones con las empresas multinacionales, junto con una política sistemática de desarrollo científico y educativo han sido elementos clave en los procesos de despegue tecnológico de algunos países.

2. EMPRESAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Aunque el tejido productivo ha sido tradicionalmente visto como uno de los elementos clave del crecimiento económico, no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha realizado un análisis en mayor profundidad de dicha interrelación. Precisamente, las aproximaciones teóricas y empíricas han convertido a este campo en uno de los más controvertidos del reciente desarrollo de la disciplina económica.

Los modelos de crecimiento parten del concepto de capital humano empresarial como factor fundamental de la actividad productiva y del crecimiento agregado de una economía, partiendo de los modelos de crecimiento endógeno de capital humano, pero centrándose en la figura del empresario. Dos son los elementos fundamentales de este capital humano empresarial: por un lado, el nivel de habilidad de los individuos que deciden convertirse en empresarios y, por otro, el fenómeno del aprendizaje en la práctica de los empresarios.

De los estudios y análisis existentes, se deduce que uno de los elementos claves para promover el crecimiento económico en una sociedad es el de incentivar el capital humano empresarial asociado al tejido productivo, o dicho de otro modo, que los individuos con mayor talento se conviertan en empresarios. Ello se justifica porque se encuentra una evidencia empírica que sugiere que el crecimiento es más fuerte en aquellos países o regiones en los que el talento empresarial se dirige hacia actividades productivas (frente a otras más especulativas). Obviamente, desde el punto de vista de la intervención pública, no existe un mecanismo automático a implementar, en términos de políticas que consigan el objetivo de que los individuos con mayor talento de una sociedad se conviertan en empresarios. No obstante, las instituciones y responsables económicos sí que pueden intervenir en el sector público, influyendo en las decisiones sobre las actividades productivas a realizar, por ejemplo, incentivando determinadas ramas o sectores en mayor medida que otras.

Asimismo, otros trabajos sostienen que las políticas de subvenciones a las empresas podrían incluso conducir a la situación contraria, es decir, a que individuos de bajo talento o habilidad se conviertan en empresarios, lo que tendría efectos negativos sobre el crecimiento económico. En definitiva, desde este enfoque, se pone de manifiesto que el stock de empresarios no es en sí mismo un factor determinante para el avance de la producción en una economía, sino el talento o la capacidad de éstos para innovar y convertirse en un oferente competitivo en el mercado. Para esta corriente de pensamiento, el número de empresarios puede repercutir, sin duda, en el valor añadido y en la renta en un momento dado, pero no tiene porque hacerlo en el largo plazo. Así, el mantenimiento de una influencia positiva sobre el nivel de producción y desarrollo económico dependerá de la idoneidad (talento, habilidad) de la clase empresarial. De este modo, los resultados de algunos de estos trabajos concluyen que las políticas de apoyo a la creación de nuevas empresas no tienen un impacto relevante en el crecimiento económico, ya que si bien aumentan la tasa de creación de empresas, a menudo, no favorecen el crecimiento económico.

No obstante, si que existe un consenso amplio entre los investigadores en señalar que si tiene efectos positivos sobre el crecimiento regional la eliminación de los obstáculos que impiden o entorpecen la creación de nuevas empresas. De este modo, parece oportuno y conveniente un conjunto de intervenciones que pueden, de manera indirecta, favorecer el citado objetivo y por tanto, actuar como elementos incentivadores del crecimiento económico. Entre estas medidas destacaría la eliminación de las barreras para la creación de empresas, desincentivar el que los individuos con talento se sitúen en sectores buscadores de rentas (negocios especulativos, ganancias fáciles derivadas de factores institucionales, etc.), mediante la disminución de sus posibilidades de beneficios, supresión de requisitos burocráticos,legales, etc…

3. OBSTÁCULOS A LA COMPETITIVIDAD.

Ante este nuevo entorno, la empresa en España presenta un conjunto de impedimentos que limitan su capacidad para incorporarse a la ola expansiva. Aunque es indudable que existen factores que son ajenos a la empresa, lo cierto es que gran parte de los problemas se derivan de la persistencia, a pesar de los avances realizados en los últimos años, de un modelo empresarial gestado en unos mercados locales protegidos, que han introducido fuentes de ineficiencias en las empresas.

No cabe duda que la competitividad, siendo un concepto relativo derivado de nuestra capacidad en relación con nuestros rivales, es un fenómeno microeconómico, ya que quien compite son las empresas. Esto no quiere decir que la influencia de factores externos a la empresa no revista gran importancia, sino que el esfuerzo de competitividad que necesariamente han de realizar las empresas debe ir acompañado de la política económica para generar un marco donde se incentive e incremente la eficacia de las inversiones productivas.

La situación competitiva no es muy alentadora, según los datos del World Competitivenes Report en su informe para 2010-2011, España ocupa el puesto 42 en el ranking de competitividad, y muestra desventajas competitivas relativamente importantes que tienen carácter permanente en los últimos años en casi todos los factores analizados, sufriendo en la presente crisis un importante deterioro, pierde 9 puestos con relación al informe anterior.

Además, nuestro país no aprovecha todas las ventajas potenciales derivadas de participar en los flujos de comercio e inversión a escala internacional por presentar un elevado grado de proteccionismo, de carácter no arancelario, marcadas deficiencias en la estructura exportadora, escasez de cooperación con las compañías extranjeras y limitada presencia en la inversión extranjera directa de España en el exterior.

Esta situación plantea interrogantes sobre las posibilidades de que la empresa española supere el reto de la competitividad, y pueda aprovechar los beneficios de la expansión económica que ya se está iniciando en los países de nuestro entorno. En cualquier caso hay que señalar que existen excepciones muy notables pero que no dejan de ser eso, sólo excepciones. En este sentido es posible destacar, aunque sea de forma muy sintética, los principales elementos que obstaculizan la competitividad de la empresa española, tanto de carácter interno como externo. Entre los primeros, destacan: tamaño insuficiente e ineficiente de las empresas, con una capacidad orientada al proceso productivo y raramente a las dimensiones de los mercados; escasa capacidad tecnológica, que se observa tanto en los menores gastos de I+D como de registro de patentes; inadecuada estructura organizativa y orientación estratégica, lo que dificulta la competencia en los mercados internacionales ante la incapacidad para adaptarse de forma rápida y flexible a los nuevos entornos; estructura financiera inadecuada, con bajos niveles de financiación propia y dificultades para la financiación a largo plazo; orientación de mercado con escasa proyección exterior, de tal modo que el exitoso proceso de internacionalización de la gran empresa española de las últimas dos décadas no ha tenido el mismo grado de respuesta en la Pyme.

Entre los de ámbito externo, se pueden subrayar: ineficiencias del factor trabajo, debido, entre otras causas, a la escasa movilidad del trabajo, la desvinculación salariosproductividad, y la inflexibilidad de los salarios ante las condiciones económicas desfavorables y, particularmente, ante el aumento del desempleo; elevados costes de los inputs intermedios procedentes del sector servicios, de tal modo que el insuficiente grado de competencia en el sector servicios propicia una situación en la que los incrementos de los costes de producción en dicho sector se trasladan con relativa facilidad vía precios al resto de actividades productivas; ineficiencia del sector público, que no orienta sus servicios a facilitar o mejorar la eficiencia y productividad del sector privado e incluso lo penaliza con un exceso de regulación y trámites administrativos.

En conclusión, revisando los conceptos mencionados anteriormente, se puede afirmar que los retos a los que se enfrenta la empresa española en los próximos años son, la globalización de los mercados, la innovación, sea o no tecnológica, la internacionalización, y la capacidad para adaptarse a los cambios e incertidumbres. La manera en la que las organizaciones empresariales afronten estos retos será la clave para competir y crear riqueza en esta década del siglo XXI.

Francisco Villalba Cabello

Miembro de la Comisión Permanente de la Escuela Andaluza de Economía

Director de Analistas Económicos de Andalucía

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Cómo afecta la carga burocrática a las empresas y en qué se podría mejorar

La Escuela Andaluza de Economía (EAE) con el fin de contribuir activamente al conocimiento y análisis de los temas de interés general que inciden en el desarrollo económico y progreso social de Andalucía, ha presentado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía los datos de la investigación sobre “Investigación sobre los frenos burocráticos  a la actividad empresarial en Andalucía

El objetivo de este estudio es conocer cómo el tejido andaluz de empresas percibe las labores burocráticas y en qué impacto económico se traduce principalmente.

El acto ha tenido lugar en la CEA el 5 de abril, y ha contado con la intervención de D. Juan Salas, Presidente de la EAE,  D. Manuel Ángel Martín, Director de la EAE, D. Joaquín Agreda, Director del Instituto de investigación, marketing y comunicación (IMC).

De este estudio,  realizado en 800 empresas andaluzas, un 77% considera, en la situación de arranque de la actividad económica, como negativa el coste económico de la licencia de apertura y otras tasas de comienzo de la actividad empresarial, sin embrago, más del 70% declara que la actitud de los empleados públicos en la aclaración de dudas en la cumplementación facilita el proceso del mismo o no influye. En el arranque de la actividad empresarial, la burocracia institucional tiende a ser considerada por la mayoría de las empresas como freno al pleno desarrollo de la actividad empresarial. Tomando especial relevancia en el caso de las demoras en los ingresos públicos a las empresas (pagos, devolución fiscal, subvenciones 72% que pueden llegar hasta los 14 meses de demora de media), del pago de tasas, del tiempo de personal propio dedicado a trámites obligatorios y el coste de gestoría en la tramitación externalizada.

La legislación que se considera como mayor traba en el desarrollo de la actividad empresarial, según la mayoría de los encuestados: las obligaciones contables (con un 63% valorado como dificultad al desarrollo), la normativa municipal que exige tasas (con un 53%), la legislación laboral (con un 48%) y la ley de protección de riesgos laborales (con un 47%). Otras regulaciones no están siendo vistas como freno por tantas empresas, siendo mayoritaria la opinión de que no afectan a la marcha de las empresas en el caso de la accesibilidad a discapacitados, la ley antitabaco y las normas sanitarias, ambientales y urbanísticas. 

El 55% de las empresas según este estudio, utiliza, de los servicios administrativos ofertados por las Administraciones Públicas, la “Administración Electrónica” y un 87% de los mismos considera que fórmula que facilita la labor burocrática exigida. 

Sin embargo las “Ventanillas Únicas” y la “Selección de empleados a través del SAE” tienen muy pocos usuarios en el tejido empresarial andaluz, con una penetración del 25% y el 16% en el mismo, respectivamente. Las “Ventanillas Únicas” son percibidas como dificultad en los procedimientos para el 45% de las empresas, y según palabras de Manuel Ángel Martín, se debe a la dificultad real de tener una “ventanilla única” que concentre las competencias de las diferentes administraciones. En una posición intermedia, el SAE ha dado facilidades a la actividad empresarial de la mitad de sus usuarios (52%), aunque no ha reclutado muchas empresas como tales (sólo el 16% del tejido productivo recurre al SAE para cubrir puestos de trabajo). 

La opinión más extendida entre el empresariado andaluz (en torno al 40%) es que todas las Administraciones funcionan de forma similar en los aspectos propuestos. En general, la Administración estatal es la que menos empresas tienden a considerar la peor, Por el contrario, los Ayuntamientos y la Junta empatan como Administraciones peor consideradas en profesionalidad, exceso de trámites, lentitud de respuesta, coste y número de normativas. 

Un 59,6% de las empresas no sabe calcular el coste económico que supone para su empresa la burocracia institucional al año. La media de las cantidades aportadas por quienes han estimado una cifra está en el entorno de los 4.000€/año (sin impuestos). Los segmentos empresariales que estiman cifras mayores son las empresas de más de 10 años de antigüedad, con plantillas superiores a 10 empleados, del sector terciario más especializado y la construcción inmobiliaria. Los autónomos registran las estimaciones más bajas (inferior a 2.000€/año). 

Dentro de los costes financieros pueden incluirse las demoras en la recepción de cualquier tipo de ingreso procedente de la Administración. El pago de contratos públicos por compra de bienes o servicios tiende a retrasarse una media de 8 meses. La devolución de impuestos, si procede, se produce como media en 6 meses. El abono de subvenciones directas se hace efectivo, cuando se conceden a las empresas, viene a tardar un promedio de 14 meses desde que es solicitada (6 de espera de la comunicación de concesión y 8 más desde ese momento hasta la recepción del dinero). 

¿Qué consideran los encuestados que podría mejorar el sistema para favorecer el crecimiento potencial de las empresas? Por orden de prioridad los empresarios proponen la reducción de tasas y precios públicos (25%), la reducción del número de trámites y documentos a cumplimentar (18%), agilizar el pago a los proveedores (15%) y la devolución de impuestos (14%). Estas demandas mayoritarias son especialmente respaldadas por las empresas que generan más empleo, en particular por las industriales. 

Las leyes y regulaciones normativas que más empresas consideran necesario modificar para apoyar su crecimiento, son las normas municipales sobre tasas (19%) y las obligaciones contables impuestas por la Administración (17%). En ambos casos son los centros de trabajo más pequeños, y las empresas de reciente creación quienes sustentan esta demanda por encima de la media. 

Manuel Ángel Martín aboga por las siguientes soluciones para reducir este obstáculo a la capacidad productiva de las empresas:

  1. Reducir la normativa en vez de ampliarla continuamente, especialmente en aquellos negocios en los que hay una gran incidencia desde el punto de vista de su instalación y no en otros aspectos también importantes como seguridad o garantía del consumidor.
  2. Certificar cierta seguridad jurídica en los trámites burocráticos para evitar el cambio continuo de los mismos.
  3. Buscar mecanismos de puesta en marcha y de comprobación a posteriori para que las empresas se autodisciplinen.
  4. Agilidad de la Administración Electrónica a través de Internet.

Descargue el informe completo aquí.

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