La Escuela Andaluza de Economía (EAE) con el fin de contribuir activamente al conocimiento y análisis de los temas de interés general que inciden en el desarrollo económico y progreso social de Andalucía, ha presentado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía los datos de la investigación sobre “Investigación sobre los frenos burocráticos a la actividad empresarial en Andalucía”
El objetivo de este estudio es conocer cómo el tejido andaluz de empresas percibe las labores burocráticas y en qué impacto económico se traduce principalmente.
El acto ha tenido lugar en la CEA el 5 de abril, y ha contado con la intervención de D. Juan Salas, Presidente de la EAE, D. Manuel Ángel Martín, Director de la EAE, D. Joaquín Agreda, Director del Instituto de investigación, marketing y comunicación (IMC).
De este estudio, realizado en 800 empresas andaluzas, un 77% considera, en la situación de arranque de la actividad económica, como negativa el coste económico de la licencia de apertura y otras tasas de comienzo de la actividad empresarial, sin embrago, más del 70% declara que la actitud de los empleados públicos en la aclaración de dudas en la cumplementación facilita el proceso del mismo o no influye. En el arranque de la actividad empresarial, la burocracia institucional tiende a ser considerada por la mayoría de las empresas como freno al pleno desarrollo de la actividad empresarial. Tomando especial relevancia en el caso de las demoras en los ingresos públicos a las empresas (pagos, devolución fiscal, subvenciones 72% que pueden llegar hasta los 14 meses de demora de media), del pago de tasas, del tiempo de personal propio dedicado a trámites obligatorios y el coste de gestoría en la tramitación externalizada.
La legislación que se considera como mayor traba en el desarrollo de la actividad empresarial, según la mayoría de los encuestados: las obligaciones contables (con un 63% valorado como dificultad al desarrollo), la normativa municipal que exige tasas (con un 53%), la legislación laboral (con un 48%) y la ley de protección de riesgos laborales (con un 47%). Otras regulaciones no están siendo vistas como freno por tantas empresas, siendo mayoritaria la opinión de que no afectan a la marcha de las empresas en el caso de la accesibilidad a discapacitados, la ley antitabaco y las normas sanitarias, ambientales y urbanísticas.
El 55% de las empresas según este estudio, utiliza, de los servicios administrativos ofertados por las Administraciones Públicas, la “Administración Electrónica” y un 87% de los mismos considera que fórmula que facilita la labor burocrática exigida.
Sin embargo las “Ventanillas Únicas” y la “Selección de empleados a través del SAE” tienen muy pocos usuarios en el tejido empresarial andaluz, con una penetración del 25% y el 16% en el mismo, respectivamente. Las “Ventanillas Únicas” son percibidas como dificultad en los procedimientos para el 45% de las empresas, y según palabras de Manuel Ángel Martín, se debe a la dificultad real de tener una “ventanilla única” que concentre las competencias de las diferentes administraciones. En una posición intermedia, el SAE ha dado facilidades a la actividad empresarial de la mitad de sus usuarios (52%), aunque no ha reclutado muchas empresas como tales (sólo el 16% del tejido productivo recurre al SAE para cubrir puestos de trabajo).
La opinión más extendida entre el empresariado andaluz (en torno al 40%) es que todas las Administraciones funcionan de forma similar en los aspectos propuestos. En general, la Administración estatal es la que menos empresas tienden a considerar la peor, Por el contrario, los Ayuntamientos y la Junta empatan como Administraciones peor consideradas en profesionalidad, exceso de trámites, lentitud de respuesta, coste y número de normativas.
Un 59,6% de las empresas no sabe calcular el coste económico que supone para su empresa la burocracia institucional al año. La media de las cantidades aportadas por quienes han estimado una cifra está en el entorno de los 4.000€/año (sin impuestos). Los segmentos empresariales que estiman cifras mayores son las empresas de más de 10 años de antigüedad, con plantillas superiores a 10 empleados, del sector terciario más especializado y la construcción inmobiliaria. Los autónomos registran las estimaciones más bajas (inferior a 2.000€/año).
Dentro de los costes financieros pueden incluirse las demoras en la recepción de cualquier tipo de ingreso procedente de la Administración. El pago de contratos públicos por compra de bienes o servicios tiende a retrasarse una media de 8 meses. La devolución de impuestos, si procede, se produce como media en 6 meses. El abono de subvenciones directas se hace efectivo, cuando se conceden a las empresas, viene a tardar un promedio de 14 meses desde que es solicitada (6 de espera de la comunicación de concesión y 8 más desde ese momento hasta la recepción del dinero).
¿Qué consideran los encuestados que podría mejorar el sistema para favorecer el crecimiento potencial de las empresas? Por orden de prioridad los empresarios proponen la reducción de tasas y precios públicos (25%), la reducción del número de trámites y documentos a cumplimentar (18%), agilizar el pago a los proveedores (15%) y la devolución de impuestos (14%). Estas demandas mayoritarias son especialmente respaldadas por las empresas que generan más empleo, en particular por las industriales.
Las leyes y regulaciones normativas que más empresas consideran necesario modificar para apoyar su crecimiento, son las normas municipales sobre tasas (19%) y las obligaciones contables impuestas por la Administración (17%). En ambos casos son los centros de trabajo más pequeños, y las empresas de reciente creación quienes sustentan esta demanda por encima de la media.
Manuel Ángel Martín aboga por las siguientes soluciones para reducir este obstáculo a la capacidad productiva de las empresas:
- Reducir la normativa en vez de ampliarla continuamente, especialmente en aquellos negocios en los que hay una gran incidencia desde el punto de vista de su instalación y no en otros aspectos también importantes como seguridad o garantía del consumidor.
- Certificar cierta seguridad jurídica en los trámites burocráticos para evitar el cambio continuo de los mismos.
- Buscar mecanismos de puesta en marcha y de comprobación a posteriori para que las empresas se autodisciplinen.
- Agilidad de la Administración Electrónica a través de Internet.
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