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Internacionalización del acuerdo social y económico

Artículo de opinión aparecido en ABC redactado por Eduardo Cuenca García, miembro de la Comisión Permanente de Escuela Andaluza de Economía (25/02/2011)

Internacionalización del acuerdo social y económico

Como consecuencia de los desajustes que se han producido en España en los tres últimos años, en estos momentos son muchas las incógnitas que planean sobre el panorama económico y social del país. Los responsables de la política económica, presionados por la situación interna, por las opiniones de los organismos internacionales y, especialmente, de nuestros socios europeos, ante el temor de las posibles consecuencias derivadas de un empeoramiento, en un intento de controlar la coyuntura, se esmeran en encontrar fórmulas que resuelvan los problemas actuales o, al menos, los amortigüen.

El reciente Acuerdo Social y Económico firmado entre Gobierno, sindicatos y patronal lo podemos valorar como positivo y útil. Ha sido una muestra de la necesidad de transmitir el mensaje de que no sólo somos conscientes de que es necesario actuar con urgencia para generar un mejor clima de confianza, sino de que estamos llegando a acuerdos sobre aspectos claves.

Además del problema central, que giraba sobre el futuro de las pensiones, en el Acuerdo se han incluido cuestiones como la política industrial y energética, la función pública, o la reforma de la negociación colectiva, como caminos paralelos que hay que emprender para superar la actual situación económica.

En el apartado IV del Acuerdo, centrado en la Política Industrial, Política Energética y Política de Innovación, y dentro del capítulo de Economía Industrial (puntos 12 y 13), se incluyen propuestas que permitan la proyección internacional de la economía española fomentando la aplicación de regulaciones y estándares de la Unión Europea en terceros países y facilitando el acceso al mercado de contratación pública en el exterior.

Nos parece muy oportuna esa breve referencia a la importancia que el sector exterior debe tener en el paquete de medidas para la recuperación. Considerando que se deben mejorar los instrumentos de acompañamiento a las empresas en sus planes de apertura a mercados de otros países.

Se trata de una parcela de nuestra economía sobre la que algunos venimos reclamando más atención y acción, insistiendo en su importancia y en la necesidad de darle un enfoque más ajustado a la realidad de España.

El sector exterior influye en el crecimiento económico, contribuyendo en el aumento o disminución del PIB, con destacados efectos muy directos sobre el tejido económico y empresarial.

Desde la creación del Mercado Único Europeo, en el que desaparecen las barreras al comercio con nuestros socios europeos, la apertura de la economía hacia esos mercados ha sido insuficiente. Hemos estado demasiado distraídos por una demanda interna más ajustada a la dimensión y aspiraciones de muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar, no hemos terminado de darnos cuenta de que nuestra incorporación a la zona euro, impide que los elevados déficits externos que padecemos puedan ser aliviados con devaluaciones, como ocurría en épocas anteriores.

Asimismo, la mayor conexión entre mercados y la aparición de nuevos países emergentes, han sido revulsivos suficientes para solucionar el incremento de la competencia en muchos de los productos en los que centrábamos gran parte de nuestras exportaciones.

Finalmente, la gran concentración en determinados productos y áreas de destino es, en estos momentos, otra de las mayores debilidades de las exportaciones españolas.

Para romper ese círculo, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no deberían dejar pasar más tiempo sin plantearse estrategias vinculadas a mercados externos, apoyándose en más formación, mejoras en la comercialización, el incremento de la competitividad y más innovación en sus productos.

Del lado de las importaciones, entre las grandes partidas destaca la factura energética (con un peso alrededor del 40 por ciento), causante en gran medida del grave déficit exterior, cuya mejora debería estar coordinada con una política energética meditada que reduzca nuestra dependencia en todos los frentes posibles de actuación.

El importante acuerdo en el reciente Consejo Europeo de concretar un Mercado Único de la Energía en 2014, empañado por otros temas tratados de más actualidad, debe ser un referente obligado de cara a las medidas futuras en este campo.

Por último, en la venta de servicios al exterior, bastante olvidada, debería estar más en consonancia con la demanda internacional, especialmente en servicios avanzados o intensivos en conocimientos.

Ya para terminar, no podemos olvidar la importancia que tienen las contrataciones internacionales con Organismos económicos. En la actualidad, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) ha sustituido y ampliado las funciones del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y está orientado a la promoción de la internacionalización de la empresa española, incluyendo el apoyo en licitaciones internacionales.

Bio Eduardo Cuenca, miembro de la Comisión Permanente de la Escuela Andaluza de Economía

Catedrático Numerario de Universidad del Área de Economía Aplicada (especialidad en Organización Económica Internacional) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, Catedrático de la Universidad de Granada, Profesor en las Universidades de Málaga y La Laguna (Tenerife), Diplomado del Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Francia, 1976-77)., Diplomado del Centre Européen Universitaire de Nancy (Francia, 1977-78), Diplomado del Colegio de Europa de Brujas (Bélgica, 1978-79).

Ha sido Profesor Investigador en la Universidad Carlos Marx de Budapest (1983). En 1985, en París, fue Profesor Investigador en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1987 Profesor Investigador en el Instituto de Economía Mundial de Berlín y en 1994, en Santiago de Chile, fue Profesor Investigador en la CEPAL. Desde 1982 hasta 1990 ha sido Asesor del Gobierno Autónomo y Parlamento de Canarias en temas Comunitarios, durante las negociaciones para la integración del archipiélago en las Comunidades Europeas. Además de desempeñar los cargos de Director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna, así como el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de La Laguna.

En 1981 fue nombrado miembro del Comité Mercado Común de la CEOE (Madrid) y en 1982 Asesor de la Confederación de Empresarios de Tenerife (COPETE).

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Necesidad de la reforma de las pensiones

Artículo de opinión aparecido en ABC redactado por Carmen Alcaide, miembro de la Comisión Permanente de Escuela Andaluza de Economía (24/02/2011)

Necesidad de la reforma de las pensiones

Tras un periodo de dificultades en el «diálogo social», el Gobierno, los sindicatos y la patronal han aprobado el llamado Acuerdo Social y Económico. De los temas tratados en él, es la propuesta de «Reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones», presentada al Parlamento para su posible aprobación, la que ha sido desarrollada a partir del informe de la comisión del Pacto de Toledo.

De todo lo discutido a favor y en contra de la propuesta, quizás el aspecto más importante es la necesidad de la propia reforma. Dicha necesidad hay que basarla en los datos demográficos y sociales que la justifican. El informe presentado por la Comisión no permanente de los Pactos de Toledo lo explica claramente: la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los españoles están llevando a un envejecimiento de la población que lleva a que cada vez sean más los que cobran una pensión pública, durante más años, y menos los que cotizan para pagarlas.

En concreto los cálculos y previsiones realizados en la Comisión permiten asegurar que de los 8.7 millones de pensionistas actuales, se aumentará en 2025 hasta 11 millones. La esperanza de vida al cumplir los 65 años, hace 20 años era de 17.6 años de vida, mientras que en el momento actual ha aumentado hasta 20.2 años. Es decir, se cobra la pensión durante más años que antes. Por eso, si se viven más años y en mejores condiciones, parece razonable que se retrase la edad de jubilación.

Aunque es difícil estimar cuántos cotizantes habrá en ese momento, porque dependerá de la evolución y crecimiento económico, la Seguridad Social estima que el sistema entraría en déficit para el 2023 y el fondo de reserva podría cubrirlo solamente hasta el 2029. En el momento actual son 17,5 millones los afiliados a la SS, habiendo sido más de 18 millones antes de la crisis. Cualquier cálculo que se haga sobre la reducción de los costes a pagar por la Seguridad Social y/o las pensiones recibidas por los ciudadanos, debería aclarar las hipótesis de crecimiento de la economía y de evolución de las cotizaciones sobre las que se trabaja.

Esto sin olvidar que el Estado siempre podría aportar parte de los pagos, siempre en base a su recaudación de impuestos.

Por lo tanto, se trata de una reforma que intenta asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos. Al discutir sobre el mismo y entrar en los detalles del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión,es necesario reflexionar sobre el diferente punto de vista generacional. La generación que empieza ahora a cobrar la pensión o las que ya la están cobrando, tienen asegurado su cobro aunque no se haga la reforma y solo les preocupa si aumenta o disminuye, pero las generaciones del llamado «baby boom», nacidas en los 60 y 70, son las que tendrían que estar más interesadas en la reforma, porque si no se hace, el sistema actual no será sostenible. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se halla implícito en las discusiones planteadas.

Con esta reflexión previa, podemos comenzar a discutir sobre la oportunidad de la reforma. La Comisión lleva años estudiando los datos y somos muchos los economistas que hemos comentado su necesidad, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a iniciarla. El argumento más utilizado en su contra es que esta reforma puede ser contraindicada en un momento en que se continúa destruyendo empleo y tenemos un paro muy elevado. Se aduce que al prolongar los años de actividad de los trabajadores se impedirá la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Sin embargo, la reforma propone iniciar el aumento de la vida laboral a partir del 2013 y, lo que es más importante, hacerlo de forma gradual, un mes por año hasta 2020 y dos por año hasta llegar a los 67 años en 2027.

En cuanto al momento de poner en marcha la reforma, es de esperar que dentro de unos años la crisis habrá pasado y estaremos en un escenario de creación de empleo. Aunque la reforma no es un remedio a corto plazo para la creación de empleo y/o reducción del paro, es absolutamente necesaria para la sostenibilidad del sistema público de pensiones y aporta fiabilidad a las intenciones de reforma de nuestra economía demandada por la UE y por los Mercados.

Bio Carmen Alcaide

Carmen Alcaide Guindo nació en Madrid en 1945 y es hija del considerado como padre de la estadística española moderna Julio Alcaide.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es Máster en Dirección de Empresas del IESE Universidad de Navarra y siempre ha estado vinculada al mundo de la estadística y el análisis económico. Carmen Alcaide inició su trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Estadística en 1968. Ha sido directora de Coyuntura y directora de Análisis de Mercados en el Banco de Bilbao (después BBV y ahora BBVA). Posteriormente, pasó a dirigir el Servicio de Estudios del ICO. El día 1 de julio de 2000 fue nombrada presidenta del INE por el segundo Gobierno de José María Aznar, cargo en el que fue confirmada por el equipo del vicepresidente Pedro Solbes a su llegada a Economía en 2004. Fue cesada en 2008. En 2006 ingresó en la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía.

Durante su gestión se produjeron cambios notables en el sistema estadístico como la renovación periódica del método de cálculo del IPC, y del PIB, a instancias de Eurostat, y del padrón municipal. También ha estado centrada en la elaboración de nuevas estadísticas, entre ellas una de vivienda y varias sobre asuntos sociales e inmigración. En la Junta del BBVA de marzo de 2009, Carmen Alcaide, antigua directora del Servicio de Estudios del BBVA, intervino en nombre de Uniter, asociación de ex empleados del banco, y aseguró que todos los accionistas deben aceptar la política de prudencia de la entidad, pero siempre y cuando también se aplique a las gratificaciones de los máximos responsables.

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