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Diez medidas: ¿adecuadas y suficientes?

Por Salvador Durbán Oliva, Comisión Técnica EAE.

Publicada en El Correo de Andalucía 18.05.10

Para analizar la idoneidad de las medidas anunciadas por nuestro Gobierno en esta semana, deberemos ponerlas en relación con la profundidad de la crisis española. Es decir, si consideramos que estamos ante una crisis superficial, podrían ser suficientes actuaciones que reduzcan el gasto público ante la imposibilidad de aumentar los ingresos. Pero si estamos ante una crisis profunda y sistémica, se hará necesario acudir a medidas estructurales, medidas que afecten al sistema. Un buen símil lo encontramos en la economía doméstica. Si usted está pasando apuros económicos coyunturales, puede ser suficiente que modere sus gastos para salvar la situación. Ahora bien, si usted está padeciendo apuros graves, tiene un alto endeudamiento, con perspectivas futuras de disminución de ingresos y con unos gastos desbocados derivados de su actual nivel de vida, deberá tomar medidas sobre su estructura familiar, reduciendo gastos, por supuesto, pero acompañando esta reducción con un posible cambio a un piso más pequeño, dejar los colegios privados de sus hijos y acudir a los públicos, vender el segundo coche, etc. etc.

En el tema que nos ocupa, es opinión unánime entre los especialistas que estamos en una crisis profunda, afectando a España con más incidencia que a otras economías de la Unión Europea. La razón fundamental de esta mayor incidencia, reside en la existencia previa de problemas estructurales sin resolver en nuestro país. Han sido muchas las voces de dentro y fuera de España (Almunia desde Europa, Fernández Ordóñez desde el Banco de España, Strauss-Kahn desde el Fondo Monetario Internacional, etc.) que han venido reclamando la necesidad de reformar estructuralmente nuestro sistema financiero, mercado de trabajo, modelo productivo y sistema educativo, fundamentalmente, al objeto de tener opciones para llegar a ser más homogéneos con los países de la Unión.

Doy por sentado que mi improbable lector conoce perfectamente las diez medidas adoptadas, y no me cabe duda de que si es funcionario, conoce la que le afecta directamente a su sueldo (disminución del 5% anual y congelación para el próximo año). Es más, casi seguro que ha analizado las restantes propuestas para ver si todos vamos a contribuir por igual a las soluciones que nos reclama este momento. Consuélese, como yo, al considerar que tenemos un puesto de trabajo asegurado para toda la vida, puesto de trabajo del que carecen casi cinco millones de españoles.

En mi opinión, las medidas anunciadas por el Gobierno, que se aprobarán el próximo jueves en Consejo de Gobierno, son absolutamente necesarias y adecuadas, pero insuficientes. Puede discutirse si alguna de ellas debería ser eliminada y cambiada por otras de corte similar y con los mismos efectos sobre la reducción del gasto público. O bien cambiadas por otras de contenido político aunque con menor incidencia en el gasto (por ejemplo, aumentar el gravamen sobre las rentas más altas habida cuenta el color del Gobierno que las toma, eliminar algún ministerio, etc.). Consideraciones que ante el estado de la economía, son poco relevantes y que inciden más en las opiniones políticas que en la realidad económica.

Aclarado esto, y teniendo en consideración lo comentado en párrafos anteriores, lo relevante reside en que las acciones propuestas afectan fundamentalmente al gasto público pero no a la estructura de nuestro sistema económico. Son insuficientes ante la gravedad de la crisis que insta a tomar medidas adicionales que nos lleven a conseguir a medio / largo plazo una estructura eficiente de nuestro sistema económico-social. Parece que el  Gobierno sigue confiando que con ellas, podemos contener / mantener los efectos perversos de la actual situación en nuestro país, mientras que los países de nuestro entorno hagan de locomotoras, y terminen por arrastrarnos para salir de la sima en la que nos encontramos.

Se hace necesario solucionar con urgencia nuestro sistema financiero. Un sistema financiero que no puede proporcionar créditos a la economía no tiene razón de ser. Por cierto, hace bien nuestro Gobernador del Banco de España en recordar a titular abierto y periódicamente las obligaciones que tienen los otros, en recordar que es necesario reformar el mercado de trabajo; pero sería conveniente que él se acuerde de cumplir con las suyas, que evite el acelerado deterioro que vienen sufriendo, desde hace tiempo, múltiples instituciones financieras. Instituciones que inevitablemente van camino de su cierre, lo cual parece conveniente a la vista de la sobredimensión de nuestro sistema financiero, pero si es relevante, y mucho, que el cierre nos costará a todos recursos financieros, y que éstos aumentarán de forma exponencial conforme más tiempo se tarde en resolver la situación. Sr. Fernández, intervenga ya, tome medidas, comprométase. Ítem más, es necesario que exija responsabilidades a los malos gestores financieros, un sistema en el que el controlador designado por Ley no sanciona, no sirve.

Dejaré para otro momento algunas consideraciones a futuro sobre nuestro sistema educativo y sobre el deseado nuevo modelo productivo, tan conectado con la educación. Sobre la urgente necesidad de encontrar soluciones negociadas y urgentes a nuestro mercado de trabajo; y si no se llega al acuerdo en la negociación entre empleados y empleadores, el Gobierno deberá cumplir con su responsabilidad y proponer y aprobar su reforma laboral. Asimismo, dejo para mejor ocasión algunas consideraciones sobre la necesaria regulación del mercado financiero internacional, que le ocurre como a las democracias, son débiles y no son inmunes a los ataque de aquellos que no creen en ella y las utilizan en su propio beneficio.

Descargar esta tribuna aquí (pdf)

Salvador Durbán es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Cátedra Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

Ha sido Presidente de varias Empresas tanto públicas como privadas tales como el Instituto de Fomento de Andalucía, Promonevada, Soprea, S.A., Santana Motor, S.A., Cetursa, Cintandalucía, Veiasa, Sandetel, Sodean, Cetecom , S.A.

Además de desempeñar los cargos de Consejero empresas como Sadiel, Axion, ADM, Cartuja 93, Sadesi, Sogefinsa, así como del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, del Parque Tecnológico de Málaga, de la Agrupación de Agencias de Desarrollo Regional de España y de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Ha desempeñado el cargo de Director General de Industria Energía y Minas y el de Secretario de Economía de la Junta de Andalucía.

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La solvencia del país y las reformas estructurales

Por Francisco Villalba Cabello, Comisión Técnica EAE

Publicada en El Correo de Andalucía 06.05.10

En el último año han arreciado las recomendaciones de la mayoría de los centros de estudios sobre la necesidad de reformas en la economía Española. En este sentido se enmarcaron las Jornadas  Respuestas ante la Crisis que organizó la Escuela Andaluza de Economía en la pasada primavera y que reunieron a relevantes analistas y en igual forma hay que entender la rebaja de ratings a España.

Periódicamente, agencias como Standard & Poor’s, Moddy’s y Fitch, las tres mayores del mundo, se encargan de evaluar la solvencia, liquidez y capacidad que tienen los Estados para afrontar sus pagos de deuda en diferentes plazos de tiempo (largo o corto). Tienen en cuenta la vulnerabilidad ante teóricos cambios del entorno exterior o el rigor en los planteamientos de las políticas publicas.

La mejor calificación que puede recibir un estado a largo plazo es una triple A (AAA) y la peor una triple C (CCC). En medio quedan distintas calificaciones, que pueden incluir los signos + o -, según sean las perspectivas futuras de la evolución económica. Ahora España cuenta con la calificación AA- que, lógicamente es menor que AAA que tenía hace solo un año. Tener triple A significa que la deuda que emite ese país tiene calidad extrema y una mínima sensibilidad a un entorno adverso. Tres escalones por debajo, la AA-, implica que los productos de deuda son también de calidad superior, aunque con una sensibilidad mayor a un entorno adverso,  el signo negativo, viene a indicar que las perspectivas no son favorables.

Pero, ¿por qué ha bajado la calificación de España? la clave está en el deterioro económico. Los últimos datos conocidos hablan por sí solos: el paro alcanza ya el 20% y supera los cuatro millones y medio de personas, el PIB se contrajo un 3,6% en 2009 y no da señales de recuperación en el primer trimestre de 2010. Las cifras confirman que España no muestra síntomas de salir de la recesión. Pero, además, las perspectivas no son positivas para los próximos trimestres. El déficit público no da muestras de corregirse, el mercado de trabajo no reacciona y la demanda continua contrayéndose. España, se encuentra inmersa en una grave crisis económica e institucional de la que es urgente buscar una salida que deberá pasar por un fuerte ajuste principalmente del sector publico, ya que el sector privado si se esta ajustando.

Como un círculo vicioso, la rebaja del ratings se ha producido por la crisis económica, pero desgraciadamente, esta reducción de la calificación también puede ahondar en la recesión. El Gobierno español tiene que realizar fuertes emisiones de deuda pública para financiar sus proyectos. Sin embargo, ahora estas iniciativas chocan con un problema: para empezar, la deuda pública española va a tener que competir con un sinfín de emisiones previstas por otros de los principales Estados mundiales y además deberá pagar una prima de riesgo superior que compense la menor solvencia ya que ahora, ante la rebaja del ratings, es posible que numerosos inversores institucionales apuesten antes por la deuda gubernamental de otros Estados con mejor calificación, antes que por la española.

En este escenario, adquieren de nuevo importancia aquellos análisis e informes que señalan que el Área Euro no es un área monetaria óptima (AMO) en el sentido de la definición del Nóbel R. Mundell, para lo que deberían cumplirse cinco requisitos: una elevada movilidad laboral entre los Estados miembros, elevada flexibilidad de precios y salarios, libre movilidad de capitales y elevada integración financiera, amplia diversificación de la producción y un mecanismo de transferencias, desde un presupuesto centralizado, a aquellos Estados miembros con problemas. Quizás por ello, en el seno de la Eurozona se han ido creando importantes desequilibrios fiscales y de competitividad que la crisis financiera y la recesión económica han agravado. En este mismo sentido, en la última sesión ordinaria de la Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Economía ya se advertían estos riesgos y se recomendaba  acelerar los procesos de reformas, que de forma unánime se habían propuesto en las Jornadas para la salida de la crisis y que en gran medida a estas alturas, u año después, se encuentran aun pendientes de poner en marcha.

En este contexto, y a tenor de la situación del mercado laboral, su reforma es una de las más acuciantes. Incluso desde el Gobierno parecen tener claro que aunque fracase el diálogo social hay medidas urgentes que plantear, como las destinadas a favorecer el empleo juvenil, penalizar de algún modo la contratación temporal o trasladar a España el modelo alemán de reducción de jornada. En el mismo sentido no parece que pueda posponerse tampoco por más tiempo la reestructuración de nuestro sistema bancario, máxime si tenemos en cuenta que el Banco de España podría exigir eventualmente provisiones aún mayores para los inmuebles en cartera y mayores dotaciones de capital para las entidades.

Pero lo más relevante, si cabe, es el ajuste fiscal que habrá que realizar para cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2013. El impacto de este ajuste sobre el crecimiento no es claro y dependerá de su composición. Así, la evidencia empírica sugiere que los ajustes que se realizan en un corto periodo de tiempo basados en la reducción de gastos corrientes son mucho más efectivos, y menos dañinos para el crecimiento, que los que se prolongan durante varios años y se basan en la reducción de la inversión pública o el aumento de los impuestos. Más efectivos aún lo son si se acompañan de reformas serias y convincentes de las pensiones o el mercado laboral, que supondrán un aumento del crecimiento potencial. De lo contrario, la atonía se prolongará durante años.

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Francisco Villalba es Doctor en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE de la Universidad de Navarra y Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Generadoras de Riqueza.

Ha trabajado en el Servicio Sindical de Estadística, en el Gabinete Socioeconómico de Córdoba, en el Ministerio de Trabajo, en Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, donde desempeñó el cargo de Jefe de Servicio de Entidades Financieras, en la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA) como Fundador y Responsable del Área Empresarial, así como Director-Gerente.

Actualmente es Consejero Delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Entidad de Estudios de UNICAJA, Gerente del Instituto de Análisis Económico Empresarial de Andalucía y Director del Servicio de Estudios de UNICAJA.

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