Ayer presentamos los datos del Informe para medir el potencial competitivo de las empresas andaluzas. Hoy nos interesa traeros algunas de las reflexiones y conclusiones que comentamos con los periodistas allí presentes.
Por Francisco Villalba Cabello, Comisión Técnica EAE
Publicada en El Correo de Andalucía 06.05.10
En el último año han arreciado las recomendaciones de la mayoría de los centros de estudios sobre la necesidad de reformas en la economía Española. En este sentido se enmarcaron las Jornadas Respuestas ante la Crisis que organizó la Escuela Andaluza de Economía en la pasada primavera y que reunieron a relevantes analistas y en igual forma hay que entender la rebaja de ratings a España.
Periódicamente, agencias como Standard & Poor’s, Moddy’s y Fitch, las tres mayores del mundo, se encargan de evaluar la solvencia, liquidez y capacidad que tienen los Estados para afrontar sus pagos de deuda en diferentes plazos de tiempo (largo o corto). Tienen en cuenta la vulnerabilidad ante teóricos cambios del entorno exterior o el rigor en los planteamientos de las políticas publicas.
La mejor calificación que puede recibir un estado a largo plazo es una triple A (AAA) y la peor una triple C (CCC). En medio quedan distintas calificaciones, que pueden incluir los signos + o -, según sean las perspectivas futuras de la evolución económica. Ahora España cuenta con la calificación AA- que, lógicamente es menor que AAA que tenía hace solo un año. Tener triple A significa que la deuda que emite ese país tiene calidad extrema y una mínima sensibilidad a un entorno adverso. Tres escalones por debajo, la AA-, implica que los productos de deuda son también de calidad superior, aunque con una sensibilidad mayor a un entorno adverso, el signo negativo, viene a indicar que las perspectivas no son favorables.
Pero, ¿por qué ha bajado la calificación de España? la clave está en el deterioro económico. Los últimos datos conocidos hablan por sí solos: el paro alcanza ya el 20% y supera los cuatro millones y medio de personas, el PIB se contrajo un 3,6% en 2009 y no da señales de recuperación en el primer trimestre de 2010. Las cifras confirman que España no muestra síntomas de salir de la recesión. Pero, además, las perspectivas no son positivas para los próximos trimestres. El déficit público no da muestras de corregirse, el mercado de trabajo no reacciona y la demanda continua contrayéndose. España, se encuentra inmersa en una grave crisis económica e institucional de la que es urgente buscar una salida que deberá pasar por un fuerte ajuste principalmente del sector publico, ya que el sector privado si se esta ajustando.
Como un círculo vicioso, la rebaja del ratings se ha producido por la crisis económica, pero desgraciadamente, esta reducción de la calificación también puede ahondar en la recesión. El Gobierno español tiene que realizar fuertes emisiones de deuda pública para financiar sus proyectos. Sin embargo, ahora estas iniciativas chocan con un problema: para empezar, la deuda pública española va a tener que competir con un sinfín de emisiones previstas por otros de los principales Estados mundiales y además deberá pagar una prima de riesgo superior que compense la menor solvencia ya que ahora, ante la rebaja del ratings, es posible que numerosos inversores institucionales apuesten antes por la deuda gubernamental de otros Estados con mejor calificación, antes que por la española.
En este escenario, adquieren de nuevo importancia aquellos análisis e informes que señalan que el Área Euro no es un área monetaria óptima (AMO) en el sentido de la definición del Nóbel R. Mundell, para lo que deberían cumplirse cinco requisitos: una elevada movilidad laboral entre los Estados miembros, elevada flexibilidad de precios y salarios, libre movilidad de capitales y elevada integración financiera, amplia diversificación de la producción y un mecanismo de transferencias, desde un presupuesto centralizado, a aquellos Estados miembros con problemas. Quizás por ello, en el seno de la Eurozona se han ido creando importantes desequilibrios fiscales y de competitividad que la crisis financiera y la recesión económica han agravado. En este mismo sentido, en la última sesión ordinaria de la Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Economía ya se advertían estos riesgos y se recomendaba acelerar los procesos de reformas, que de forma unánime se habían propuesto en las Jornadas para la salida de la crisis y que en gran medida a estas alturas, u año después, se encuentran aun pendientes de poner en marcha.
En este contexto, y a tenor de la situación del mercado laboral, su reforma es una de las más acuciantes. Incluso desde el Gobierno parecen tener claro que aunque fracase el diálogo social hay medidas urgentes que plantear, como las destinadas a favorecer el empleo juvenil, penalizar de algún modo la contratación temporal o trasladar a España el modelo alemán de reducción de jornada. En el mismo sentido no parece que pueda posponerse tampoco por más tiempo la reestructuración de nuestro sistema bancario, máxime si tenemos en cuenta que el Banco de España podría exigir eventualmente provisiones aún mayores para los inmuebles en cartera y mayores dotaciones de capital para las entidades.
Pero lo más relevante, si cabe, es el ajuste fiscal que habrá que realizar para cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2013. El impacto de este ajuste sobre el crecimiento no es claro y dependerá de su composición. Así, la evidencia empírica sugiere que los ajustes que se realizan en un corto periodo de tiempo basados en la reducción de gastos corrientes son mucho más efectivos, y menos dañinos para el crecimiento, que los que se prolongan durante varios años y se basan en la reducción de la inversión pública o el aumento de los impuestos. Más efectivos aún lo son si se acompañan de reformas serias y convincentes de las pensiones o el mercado laboral, que supondrán un aumento del crecimiento potencial. De lo contrario, la atonía se prolongará durante años.
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Francisco Villalba es Doctor en Economía y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE de la Universidad de Navarra y Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Generadoras de Riqueza.
Ha trabajado en el Servicio Sindical de Estadística, en el Gabinete Socioeconómico de Córdoba, en el Ministerio de Trabajo, en Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, donde desempeñó el cargo de Jefe de Servicio de Entidades Financieras, en la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA) como Fundador y Responsable del Área Empresarial, así como Director-Gerente.
Actualmente es Consejero Delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Entidad de Estudios de UNICAJA, Gerente del Instituto de Análisis Económico Empresarial de Andalucía y Director del Servicio de Estudios de UNICAJA.
Priorizar el rescate del sistema financiero, la reforma del mercado laboral y el apoyo institucional a la actividad económica son medidas urgentes que sólo darán los resultados necesarios si tienen lugar en un ambiente de compromiso político dentro del sistema democrático.
La Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Economía (EAE) se reunía el pasado 19 de abril para analizar la situación económica española y andaluza, y profundizar en algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el país en estos momentos destacando las medidas más urgentes que se deberían poner en marcha como estrategia de rescate y relanzamiento económico.
Para los miembros de la EAE, el análisis de la situación actual queda lejos de ser positivo. La economía española lleva casi 2 años presentando tasas negativas de crecimiento, lo que pone al sistema en una situación complicada, más aún teniendo en cuenta que las perspectivas a medio plazo no son claras. De hecho, con las perspectivas de crecimiento existentes, España no recuperará el ritmo de producción que tenía en 2008 hasta 2014. En términos de empleo, los datos no son mejores, puesto que el nivel de empleo registrado en 2008 no se recuperará hasta 2017.
La decisiva incidencia de la crisis a nivel político
Tras identificar los principales problemas y las medidas a desarrollar, los miembros de la Comisión Técnica coincidieron en apuntar que la barrera más importante a la que nos enfrentamos para superar la actual crisis económica es la crisis que existe a nivel político y la decadencia consecuente que está sufriendo nuestro sistema democrático. En la mayoría de las cuestiones planteadas, se sabe qué es lo que hay que hacer, pero no hay coraje político para ponerlo en práctica.
Se pueden poner en marcha diferentes soluciones técnicas en orden de prioridad, pero ninguna de ellas obtendrá los mejores resultados mientras continúe existiendo una crisis política de mayor nivel que la económica y un mal funcionamiento del sistema democrático en la que la clase dirigente se mueve en la inacción y el desconcierto.
Por tanto, es prioritario poner en marcha un conjunto de medidas para la reforma institucional y el cambio de las reglas de comportamiento de los agentes económicos y políticos que logre que políticos e instituciones apoyen un camino común para el crecimiento económico y la prosperidad.
En las últimas semanas, se está hablando intensamente de la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado contra la crisis que una esfuerzos y voluntades para superar satisfactoriamente la situación actual en la que se encuentra sumida el país.
Considerando el presente clima de enfrentamiento entre los partidos, algunos expertos se han apresurado a decir que, aún cuando este Pacto no fuese la solución a una crisis que en parte nos desborda por lo global, procuraría la generación progresiva de un clima de confianza que haría en gran parte posible una recuperación del consumo y una progresiva expansión de la demanda en general.
El Rey D. Juan Carlos se muestra de acuerdo con esta necesidad de superar juntos y con determinación los malos tiempos económicos, algo que también hacen los agentes sociales. Sin embargo, los problemas llegan cuando se trata de poner de acuerdo a los Partidos Políticos.
José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado en no pocas ocasiones que “cambiar esta historia es responsabilidad de todos” y que para ello “es necesario extender los acuerdos y ampliar el consenso sobre el conjunto de las reformas”. Sin embargo, su postura no puede estar más alejada de la de Mariano Rajoy, quien exige al gobierno rectificar su gestión económica para empezar a hablar de acuerdos.
Mientras tanto, no son pocas las referencias que se suceden sobre los Pactos de Moncloa, que se han convertido en este momento en un referente cargado de fuerza. Pero ¿qué fueron los Pactos de Moncloa?
Para empezar, habría que echar un vistazo a la situación en la que se movía el país en aquel momento:
• En un país donde el 66% de la energía era importada, la crisis petrolífera de 1973 pasó, sin embargo, desapercibida para los últimos gobiernos de Franco, que no tomaron ninguna medida respecto del barril de petróleo mientras éste subía, en doce meses, de 1,63 a 14 dólares.
• El paro empezó su largo crecimiento: se situó en 900.000 personas, de las cuales sólo 300.000 recibían subsidio de desempleo, y continuó subiendo hasta los 2.000.000 de trabajadores.
• Medio millón de inmigrantes querían volver a España.
• La inflación estaba a niveles casi sudamericanos: del 20% de 1976 se pasó, a mediados de 1977, al 44%, frente al 10% de promedio en los países de la OCDE.
• Las exportaciones cubrían el 45% de las importaciones; el país carecía de recursos para mantener sus intercambios con el exterior y perdió 100 millones de dólares diarios de reservas exteriores, acumulando, entre 1973 y 1977, 14.000 millones de dólares de deuda exterior.
• Las empresas tenían deudas de centenares de miles de millones de pesetas y los créditos bancarios estaban por encima del 12%.
• Se hablaba de fuga de capitales desde los últimos años de la dictadura.
• La mayoría de los empresarios recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales: los sindicatos democráticos.
Y ante esta situación, ¿cuál fue el éxito del Gobierno? Adolfo Suárez tuvo junto a Fuentes Quintana una complicada misión.
Ambos centraron su trabajo en lograr pactos, considerando que la única manera de poner a trabajar juntas a las dos Españas era mediante la sinergia. Visionaron como pocos que la única manera de salir de aquella crisis en la que estaba sumergida España era mediante acuerdos y así logró mediante los Pactos de la Moncloa que todas las fuerzas políticas se unieran para sacar el país adelante a través de medidas consensuadas en diferentes áreas:
• Política presupuestaria
• Reforma fiscal
• Control del Gasto Público
• Política de urbanismo, suelo y vivienda
• Reforma del sistema financiero
• Política agrícola, pesquera y de comercialización
• Política energética
• Estatuto de la Empresa Pública
Gracias a estos Pactos se instauró un gran espíritu de acuerdo nacional que permitió visualizar que los dos grandes sindicatos, la patronal y los partidos políticos se ponían de acuerdo respecto a las amplias reformas que España debía asumir para transformarse del viejo Estado paternalista del franquismo a un Estado homologable a los países de su entorno más próximo, el europeo.
Tribuna de D. Juan M. Salas Tornero, Presidente de la Escuela Andaluza de Economía, en El Correo de Andalucía.
Desde su creación, la Escuela Andaluza de Economía ha tenido en cuenta las corrientes de pensamiento económico-políticas acaecidas en España, Andalucía y en general en el resto del mundo globalizado, con el objetivo de servir a la sociedad y a la comunidad empresarial con actividades que persiguen acercar el conocimiento de la ciencia y de la práctica económica a las empresas, empresarios, partidos políticos y administraciones públicas; e incrementar el nivel de confianza de la sociedad en sus propias capacidades y fuerzas.
En esta búsqueda, enmarcamos la visita del ex presidente de los EEUU, Bill Clinton.
El 20 de enero de 1993, William Jefferson Clinton llegaba a la Casa Blanca, convirtiéndose en el tercer presidente más joven de la nación. Este abogado nacido en 1946 llegaba al poder con los demócratas siendo la esperanza de cambio de la población norteamericana y sucediendo a los mandatos republicanos de Ronald Reagan y George Bush.
Asume la presidencia con el reto de sustituir a dos presidentes de marcada personalidad. Por un lado, Ronald Reagan había destacado al final de su mandato por lo que muchos consideraron osadas iniciativas en política exterior. Se aplaudían sus intervenciones en el fin de la Guerra Fría, el bombardeo de Libia o el incremento de la presión militar sobre la URSS. Por otro, en las elecciones de 1992, George Bush parecía imbatible por los éxitos alcanzados también en política exterior con triunfos como la Guerra del Golfo Pérsico.
Sin embargo, comprobamos cómo Clinton tenía preparada una imbatible estrategia electoral. Su objetivo fue alejar la política norteamericana de las acciones exteriores y poner el acento sobre cuestiones cercanas a la vida cotidiana de los ciudadanos, y lo consiguió. Nada más tenemos que recordar aquella campaña electoral en la que pronunció la frase de “¡Es la economía, estúpido!”, una auténtica declaración de intenciones de lo que posteriormente sería su administración al frente de la Casa Blanca.
Reequilibró la política americana caracterizándose por una profunda preocupación por los temas sociales, ejemplo de ello fue su defensa de las rentas medias y bajas. Liberal en lo económico y profundamente creyente de la negociación política multilateralista en asuntos exteriores. Se entregó a la mejora del sistema educativo y de salud (con una reforma que finalmente no pudo aprobar y, por tanto, poner en práctica), buscó concienzudamente la protección del medio ambiente a través de su apoyo al Protocolo de Kyoto, intentó favorecer en lo económico al mercado libre y trabajó por la paz especialmente en Oriente Medio.
A diferencia de sus predecesores, Clinton apostó por lo comercial frente a lo militar en asuntos exteriores. Algunos grandes triunfos de su administración fueron la bajada del desempleo, la disminución de la deuda nacional y el equilibrio del presupuesto público.
