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La presión fiscal percibida por las empresas en Andalucía

La Escuela Andaluza de Economía (EAE) con el fin de contribuir activamente al conocimiento y análisis de los temas de interés general que inciden en el desarrollo económico y progreso social de Andalucía, ha presentado esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía los datos de la investigación sobre “La presión fiscal percibida por las empresas en Andalucía

El objetivo de este estudio es conocer como el tejido andaluz de empresas de más de 5 trabajadores perciben la influencia de los pagos fiscales. Está basado en encuestas a más de 600 empresas de toda la comunidad.

El acto ha contado con la participación de D. Juan Salas, Presidente de la EAE,  D. Manuel Ángel Martín, Director de la EAE, D. Joaquín Agreda, Director del Instituto de investigación, marketing y comunicación (IMC).

Según ha declarado Juan Salas, Presidente de la EAE, que lo que hay que cuestionarse es si el sistema fiscal español y andaluz es el idóneo es el ideal para crear empleo.

Manuel Ángel ha declarado que uno de los objetivos de la EAE es, a través de estos barómetros de percepción económica, es tomar el pulso del tejido productivo andaluz. Joaquín Agreda, declara que, según el estudio, el 86,1% de las empresas consideran que deben pagar impuestos y que la administración pública es eficiente a la hora de recaudar los mismos (un 70%). De esta investigación se extrae que la actitud de los empresarios es considerar a los impuestos como un freno para el crecimiento y consolidación de las empresas.

El sentir general de las empresas con centros de trabajo ubicados en Andalucía podría traducirse en que las empresas consideran deben afrontar sus obligaciones fiscales (86%) y las Administraciones tienden a ser efectivas en la persecución del fraude (70%), pero aunque una gran parte ignora si los impuestos en Andalucía sean mayores que en otras CC.AA (40%) pero la mayoría de las empresas sostiene que la presión fiscal es excesiva para las necesidades actuales de consolidación y crecimiento del tejido económico andaluz (88,6%).

El 74% de las empresas andaluzas con mayor recorrido y tamaño: con más de una sede, o empresas nacionales implantadas en Andalucía,  del sector servicios, con tamaño de plantilla medio-alto y  larga experiencia en sus mercados afirman que Las políticas fiscales de las Administraciones Públicas no contribuyen adecuadamente a la creación de riqueza.

El estudio destaca que comparando con los datos que la Escuela Andaluza de Economía ha recogido desde julio de 2007 (antes de la crisis), las empresas localizadas en nuestra comunidad valoran los impuestos con una puntuación muy negativa, por debajo incluso del precio del dinero o la competitividad de los costes salariales. Si antes de la crisis la presión fiscal ya se valoraba mal (3,5 sobre 10), ahora desciende a 2,3 sobre 10. Una evaluación sólo superior a la que se hace del ritmo de creación de empresas y empleos o a los requisitos bancarios para acceder a créditos.

Las opiniones más críticas hacia la actual  el nivel actual de presión fiscal se dan  especialmente en las empresas más pequeñas (menos de 10 empleados) y en las de mayores plantillas (más de 50 trabajadores), con especial presencia de aquellas que se dedican a la hostelería y el comercio. En general estas opiniones se asocian también a una autovaloración negativa de la marcha económica de la empresa propia en la actualidad.

El impuesto más costoso para la empresa en tiempo dedicado por sus empleados y/o en gastos de gestoría  es en un 33% las contribuciones a la SS, en un 29% el IRPF, y en 24,5% el IVA. El IVA es a su considerado en un 30% el impuesto más injusto en términos distributivos. En segundo lugar hay similares porcentajes que identifican como tal al os Impuestos de Sociedades (14%), contribuciones a la S.S. (13%) el Impuesto de Bienes Inmuebles (11%) o el Impuesto sobre la Renta (9%).

Los impuestos que más empresas consideran como frenos a su crecimiento son de origen estatal (72%). De manera casi universal los impuestos considerados como coartadores del potencial empresarial son las contribuciones a la S.S., el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y, dentro de los impuestos municipales, el IBI. En el tramo medio del ranking (los considerados frenos más o menos importantes por parte de un 50% a un 75% de las empresas) se encuentran la mayoría de los impuestos de Ayuntamientos y algunos estatales.

Resulta llamativo que las empresas que más alertan sobre los impedimentos fiscales al crecimiento del tejido productivo sean las empresas que generan más empleo y las más longevas, y dentro de ellas, aquellas con varios centros de trabajo en Andalucía, tengan la sede central en nuestra región o sean sucursales de centrales ubicadas en otras áreas de España.

Descargue aquí el estudio completo

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Necesidad de la reforma de las pensiones

Artículo de opinión aparecido en ABC redactado por Carmen Alcaide, miembro de la Comisión Permanente de Escuela Andaluza de Economía (24/02/2011)

Necesidad de la reforma de las pensiones

Tras un periodo de dificultades en el «diálogo social», el Gobierno, los sindicatos y la patronal han aprobado el llamado Acuerdo Social y Económico. De los temas tratados en él, es la propuesta de «Reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones», presentada al Parlamento para su posible aprobación, la que ha sido desarrollada a partir del informe de la comisión del Pacto de Toledo.

De todo lo discutido a favor y en contra de la propuesta, quizás el aspecto más importante es la necesidad de la propia reforma. Dicha necesidad hay que basarla en los datos demográficos y sociales que la justifican. El informe presentado por la Comisión no permanente de los Pactos de Toledo lo explica claramente: la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los españoles están llevando a un envejecimiento de la población que lleva a que cada vez sean más los que cobran una pensión pública, durante más años, y menos los que cotizan para pagarlas.

En concreto los cálculos y previsiones realizados en la Comisión permiten asegurar que de los 8.7 millones de pensionistas actuales, se aumentará en 2025 hasta 11 millones. La esperanza de vida al cumplir los 65 años, hace 20 años era de 17.6 años de vida, mientras que en el momento actual ha aumentado hasta 20.2 años. Es decir, se cobra la pensión durante más años que antes. Por eso, si se viven más años y en mejores condiciones, parece razonable que se retrase la edad de jubilación.

Aunque es difícil estimar cuántos cotizantes habrá en ese momento, porque dependerá de la evolución y crecimiento económico, la Seguridad Social estima que el sistema entraría en déficit para el 2023 y el fondo de reserva podría cubrirlo solamente hasta el 2029. En el momento actual son 17,5 millones los afiliados a la SS, habiendo sido más de 18 millones antes de la crisis. Cualquier cálculo que se haga sobre la reducción de los costes a pagar por la Seguridad Social y/o las pensiones recibidas por los ciudadanos, debería aclarar las hipótesis de crecimiento de la economía y de evolución de las cotizaciones sobre las que se trabaja.

Esto sin olvidar que el Estado siempre podría aportar parte de los pagos, siempre en base a su recaudación de impuestos.

Por lo tanto, se trata de una reforma que intenta asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos. Al discutir sobre el mismo y entrar en los detalles del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión,es necesario reflexionar sobre el diferente punto de vista generacional. La generación que empieza ahora a cobrar la pensión o las que ya la están cobrando, tienen asegurado su cobro aunque no se haga la reforma y solo les preocupa si aumenta o disminuye, pero las generaciones del llamado «baby boom», nacidas en los 60 y 70, son las que tendrían que estar más interesadas en la reforma, porque si no se hace, el sistema actual no será sostenible. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se halla implícito en las discusiones planteadas.

Con esta reflexión previa, podemos comenzar a discutir sobre la oportunidad de la reforma. La Comisión lleva años estudiando los datos y somos muchos los economistas que hemos comentado su necesidad, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a iniciarla. El argumento más utilizado en su contra es que esta reforma puede ser contraindicada en un momento en que se continúa destruyendo empleo y tenemos un paro muy elevado. Se aduce que al prolongar los años de actividad de los trabajadores se impedirá la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Sin embargo, la reforma propone iniciar el aumento de la vida laboral a partir del 2013 y, lo que es más importante, hacerlo de forma gradual, un mes por año hasta 2020 y dos por año hasta llegar a los 67 años en 2027.

En cuanto al momento de poner en marcha la reforma, es de esperar que dentro de unos años la crisis habrá pasado y estaremos en un escenario de creación de empleo. Aunque la reforma no es un remedio a corto plazo para la creación de empleo y/o reducción del paro, es absolutamente necesaria para la sostenibilidad del sistema público de pensiones y aporta fiabilidad a las intenciones de reforma de nuestra economía demandada por la UE y por los Mercados.

Bio Carmen Alcaide

Carmen Alcaide Guindo nació en Madrid en 1945 y es hija del considerado como padre de la estadística española moderna Julio Alcaide.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es Máster en Dirección de Empresas del IESE Universidad de Navarra y siempre ha estado vinculada al mundo de la estadística y el análisis económico. Carmen Alcaide inició su trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Estadística en 1968. Ha sido directora de Coyuntura y directora de Análisis de Mercados en el Banco de Bilbao (después BBV y ahora BBVA). Posteriormente, pasó a dirigir el Servicio de Estudios del ICO. El día 1 de julio de 2000 fue nombrada presidenta del INE por el segundo Gobierno de José María Aznar, cargo en el que fue confirmada por el equipo del vicepresidente Pedro Solbes a su llegada a Economía en 2004. Fue cesada en 2008. En 2006 ingresó en la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía.

Durante su gestión se produjeron cambios notables en el sistema estadístico como la renovación periódica del método de cálculo del IPC, y del PIB, a instancias de Eurostat, y del padrón municipal. También ha estado centrada en la elaboración de nuevas estadísticas, entre ellas una de vivienda y varias sobre asuntos sociales e inmigración. En la Junta del BBVA de marzo de 2009, Carmen Alcaide, antigua directora del Servicio de Estudios del BBVA, intervino en nombre de Uniter, asociación de ex empleados del banco, y aseguró que todos los accionistas deben aceptar la política de prudencia de la entidad, pero siempre y cuando también se aplique a las gratificaciones de los máximos responsables.

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