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Por Fabián Márquez Sánchez, Presidente de Analistas de Relaciones Industriales y Miembro de la Comisión Técnica de la EAE.

Menudean los actos, seminarios, tormenta de cerebros, propuestas políticas, propuestas de pactos en relación con la crisis y sus efectos. Cuando los debates tienen lugar en el ámbito académico, neutral desde el punto de vista político, podemos abrigar sólidas esperanzas de que surjan conclusiones válidas, y que éstas trasciendan del campo estrictamente partidario y respondan al interés general. Por el contrario, abrir una ácida controversia acerca de la crisis y del diagnóstico de ésta, analizando al mismo tiempo responsabilidades de los grandes prescriptores sociales y, sobre todo, los políticos, inmediatamente concitan un alud de animadversiones mutuas que arruinan la consecución de cualquier resultado en el que las coincidencias sean algo más que meramente circunstanciales.

Sin embargo, la crisis llegó inopinadamente, para los menos avisados en el último trimestre del 2008, produjo inmediatamente 600.000 parados, sólo en el sector del ladrillo, y desde entonces los destrozos que tal huracán ha producido en nuestro tejido productivo han sido muy considerables. La única tasa que se incrementa mes a mes es el ahorro de las familias, lo que pondría de relieve hasta qué extremos están asustadísimas ante lo que se nos ha venido encima; los demás datos son decepcionantes.

La morosidad, en materia de pagos es ahora el doble que la de un año atrás. Han caído las cuantías tributarias en algunos impuestos en más del 20%, y el Gobierno se aprestó a incentivar la compra de automóviles porque este sector, vital para nuestra economía, había registrado un descenso de ventas del 40%; y el paro camina a pasos agigantados a superar la tasa del 20%. De otra parte, habíamos superado una cifra de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y hemos descendido recientemente a algo más de 18 millones. A nadie debe extrañar que la principal preocupación nacional sea la crisis y las consecuencias de ésta, otorgando la ciudadanía más importancia a unos efectos: la falta de empleo, que a otros, pero sin que la opinión pública ignore que de la crisis se sale no incrementando los salarios de los funcionarios públicos, como hizo el Gobierno en el pasado año (3,96%) sino invirtiendo y propiciando la confianza suficiente para que los ahorradores rompan su faltriquera y gasten e inviertan, ya que en caso contrario terminaremos instalándonos en la mediocridad que conlleva cualquier crisis económica, y podremos estar tristemente adormecidos en ella muchos años.

Existe coincidencia general en la necesidad de galvanizar todas las potencias nacionales, pero no sé que ocurre que cuando esperamos confiadamente lo mejor de nosotros mismos, la “montaña produce un ratón”. Es decir, el gran pacto sugerido por su Majestad el Rey, planteado en debate parlamentario y que ha justificado hasta el día de hoy múltiples reuniones de partidos políticos y de comparecencias ante los medios, ha dejado de ser lo que era para convertirse sólo en un determinado consenso sobre algunas medidas que convendría adoptar entre todos en beneficio del común de nuestra economía y, por lo tanto, de los españoles.

Afortunadamente el ministro de Educación, Gabilondo, parece que muestra una gran dedicación, y arrastra al PP a un gran compromiso en materia de reforma educativa, sin cuya realización no es posible pretender a medio plazo cambiar nuestro modelo productivo basado en el trabajo de baja cualificación y, en definitiva, en el “ladrillo”.

Además, sindicatos y patronales han firmado, a la “chita callando”, en los últimos meses dos acuerdos: el primero para resolver los convenios colectivos pendientes del 2009 y, el segundo, para fijar directrices de clara moderación salarial para los convenios correspondientes a los próximos tres años. Además, están dedicados concienzudamente a intentar pactar una reforma laboral que se muestra difícil, pero no irreductible, y que corre el riesgo de naufragar, como ocurrió en julio, en la incoherencia más absoluta si el Gobierno, respondiendo al dictado de una de las partes, establece una vez más “líneas rojas” infranqueables o fija calendarios de negociación imposibles, o se producen todos los días informaciones radiadas de lo que está sucediendo con propuestas mil que llueven sobre quienes negocian, planteándoles el reto de lo imposible. En efecto, si las bases de sindicatos y patronales aspiran a la perfección, como ésta no es de este mundo, y mucho menos en plena crisis, la reforma laboral resultará inviable.

De otra parte, cuando alguien se emperra en ejercer de agente provocador logra el efecto inmediato de enrocar a la parte a la que pretende excitar y, esa situación, como en el ajedrez, impide culminar la partida. En conclusión, la crisis es tan gorda, que impone remedios extraordinarios, y mucho tememos que éstos resulten inaplicable en el actual contexto político.

El presidente del Gobierno se esfuerza, pero no lo suficiente. Y no surgen incentivos que justifiquen que la oposición sustituya su actitud meramente contradictoria con los supuestos errores y equivocaciones del poder, por una política de colaboración que sin duda implica una corresponsabilidad en el empeño de salir de la crisis. Si persisten durante varios meses los actuales datos negativos, seguro que la ciudadanía reclamará: o un gobierno de coalición contra la crisis o elecciones anticipadas ya. Ello ocurrirá más pronto que tarde.

Fabián Márquez es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona.

Preside la Compañía Analistas de Relaciones Industriales, S.A., constituida hace 20 años. Ha dedicado su actividad profesional a dicho campo, contando entre sus clientes con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y participando, como Asesor de la misma, en cuantas negociaciones y pactos sociales se han producido en España desde 1979 hasta nuestros días.

Es miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, del Consejo Económico y Social y abogado de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y de Barcelona.

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